En los últimos días se han presentado lagunas decisiones judiciales
que para algunos contravienen garantías sociales y democratices,
pero exponen argumentos emocionales, apasionados y con muy poco
raciocinio jurídico. En ocasiones anteponen los valores, las
capacidades, la probidad o hasta la intachable moral de quienes son
afectados por la decisión jurídica; cuando los fallos señalan
puntos diferentes a los individuos.
Para bien o para mal nos debemos a un ordenamiento jurídico
establecido y una rama judicial conformada por simples seres humanos
y a unos entes de control que igualmente son dirigidos por, mortales
hombres o mujeres que pueden acertar en la aplicación o no de ese
marco normativo.
Las altas cortes no son ajenas a la influencia o presiones de algunos
sectores económicos, políticos o sociales con intereses
particulares, es por ello que algunos Magistrados de la C S J, salen
a los medios a a justificar su equivocación al elegir a un Fiscal
General de la Nación, argumentando que violaron las normas
preexistentes solo por esa vez, que además vulneraron su propio
reglamento de buena fe. Se podría preguntar entonces, si cualquier
honorable ciudadano podrá alegar ante estos jueces que, aunque
consciente de estar violando una norma lo hizo de buena fe.
Creo que la mayoría de Colombianos reconocen el trabajo que venia
realizando la señora Fiscal, pero no puede ese buen desempeño
contra la criminalidad de toda “marca “ estar por encima de lo
que dictan las normas y los reglamentos, pues entonces ya no seria el
imperio de la ley, si no que se impondría la voluntad de los
hombres, que no siempre esta cargada de buenas intenciones .
Dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley , mas allá de
cualquier situación personal de la Fiscal, es de resaltar su
trabajo en aras de conocer algunas verdades de la “clase burócrata
y gansteril” que ha estado y aun se encuentra incrustada
camufladamente en las altas esferas de los poderes que han gobernado
y gobiernan a este país.
No puede entonces entenderse el fallo del Consejo de Estado, como una
sentencia en contra de la Fiscal, es una decisión contra un
inadecuado, acomodado e ilegal acto administrativo cargado
políticamente de la Corte Suprema de Justicia.
Otra
decisión que ha despertado diferentes reacciones y estas si muy
cargadas de pasiones en contra o a favor, ha sido de carácter
administrativo, relativa a la presunta falta disciplinaria realizada
por el ex Alcalde de Medellín, nuevamente es relevante señalar que
nada se dice en la decisión de la Procuradora Delegada, en contra
de la probidad del ex Alcalde, es innegable que la gran mayoría de
ciudadanos reconocen la buena intención de denunciar las muy
posibles presiones que se presentarían o se presentaron durante la
campaña electoral del 2011, pero cuando expresamente la Constitución
y la Ley prohíben o restringen una conducta, resulta claro que esa
buena intención políticamente correcta no puede estar por encima
de aquellas.
Nuestro
ordenamiento jurídico adolece de muchos vacíos y de excesiva
normatividad, que no en pocas ocasiones genera impunidad, es por
ello que una verdadera reforma a la justicia deberá ajustar el
derecho a las realidades sociales que hoy afrontamos.
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