A História Secreta da Obsolescência Planeada

REFLEXIÓN SOBRE EL CAMPO

La realidad nos enseña, que históricamente  el campo Colombiano, no ha estado dentro de las prioridades políticas de nuestros gobernantes, aunque se han presentado intentos de mejorar y desarrollar este importante sector no sólo económico, si no de auto abastecimiento alimentario, quizás el mas reconocido  de esos proyectos fue la llamada reforma agraria de 1936.

Pero, el modelo de reforma agraria redistributivo aplicado en Colombia desde los años sesenta está agotado como posibilidad de resolver la cuestión agraria y la tenencia de la tierra; así como se agotó rápidamente la ley 200 de 1936 en la solución de los conflictos agrarios, en lo que se refiere a la claridad que pretendió dar sobre los derechos de propiedad y en la apertura de vías de acceso a la propiedad rural por diferentes actores económicos y sociales, se agotó también y aceleradamente el  esquema diseñado en la ley 160 de 1994 que buscaba, sin decirlo, abrirle paso al funcionamiento del mercado de tierras. La forma como ha operado hasta hace poco con el subsidio del 70% a la compra de tierras, en un esquema de negociación voluntaria entre propietarios y campesinos, ha desprestigiado nuevamente la labor del Estado en su tímido intento por facilitar el acceso a la propiedad rural.

El fracaso también está relacionado con el hecho de que no han existido decisiones políticas que permitan  modificar los factores de poder al interior de la estructura agraria, para facilitar y promover el ascenso social y político de las poblaciones rurales, vía su incorporación a la modernización, dentro de una democracia participativa, y con la apertura de alternativas de empleo e ingreso rurales que garanticen un aumento en el bienestar y desestimulo a los flujos migratorios no generados en un desarrollo industrial.”

 En la actualidad algunos gobiernos que deberían asegurar la propiedad rural a sus propietarios originarios, han invertido con la complicidad de “habilidosos juristas” el contenido y sentido de las leyes para que grandes compañías nacionales y supranacionales se apropien de las tierras mas productivas.

Un tema relevante en la  inclusión del campo en el desarrollo de los municipios como entes territoriales “autónomos” resulta la adecuada planeación  de las vías de acceso, posibilitando las oportunidades de agroeducación, emprendimiento, información y tecnologías, esa infraestructura mínima permitiría una verdadera “Revolución en Marcha” como la que aspiró en su momento el presidente Alfonso López Pumarejo.

El permanente olvido al que ha sido sometido el campo y nuestros campesinos, ha llevado al aprovechamiento indiscriminado de este sector, por parte de políticos, grupos armados ilegales de izquierda y derecha,  de los traquetos de turno, del mismo mercado con sus intermediarios, de los comercializadores de insumos agrícolas entre otros.

Hoy, no puede el Estado reprimir la legitima protesta del campesinado, militarizando los sitios de concentración social y campesina.

Resulta interesante ver como los países desarrollados subsidian la agroindustria, y destinan importantes recursos al I+D, investigación mas desarrollo, que permita mejorar las semillas, en ocasiones incentivando los  transgénicos criticados en la actualidad. Mientras en el país el gobierno del Presidente Santos, presenta un presupuesto donde al campo en el 2014,  le disminuye  más de un 20 por ciento respecto a lo asignado en el 2013.

Esas son políticas de exterminio, no sólo al sector agrario, sino al campesinado,  que sólo ve la opción de irse a “comer asfalto a la ciudad” 

http://www.youtube.com/watch?v=q97DdVViqLg

http://www.sky.fm/

EL MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES

Nací y crecí en una sociedad, que se formó en el marco de un orden legal y constitucional conservador, (Constitución de 1886, Código Civil Colombiano) como bien se describe en el siguiente párrafo.

“[1]La historia Constitucional nuestra comienza desde la Constitución del Estado libre e independiente del Socorro, suscrita el 15 de agosto de 1810, la primera Constitución, hasta la de 1886, poco o nada se había establecido para regular la familia, en sí, como célula social básica en el desarrollo de la sociedad y de la Nación o del Estado; no obstante, en la Constitución de 1886 de forma tangencial se aludía a ella solo en dos artículos del Título II que reglamentaba los derechos civiles y las garantías individuales, eran los artículos: 23, “nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido o prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente(…)” y 50, “…las leyes determinarán lo relativo al estado civil y consiguientes derechos y deberes. Así como podrán establecer el patrimonio inalienable e inembargable” (Art. 18 del acto legislativo Nº 1 de 1936); pero no se precisa ni define lo que era la institución. La ley, el Código Civil, sancionado por la Ley 84 de 26 de mayo de 1873, adoptado como Código de la Unión por la Ley 57 de 1887, en su artículo 874, (en el título X. De los derechos de uso y habitación), se acercaba mucho más a la precisión del concepto cuando dice en su inciso segundo: “La familia comprende la mujer y los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como lo que sobrevienen después (…) Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivan con el habitador o usuario, y a costas de estos; y las personas a quienes deben alimentos”. Y esto corresponde al señalamiento de la familia que podría gozar del derecho de uso y habitación; equivalente al concepto de familia en sentido amplio; o la definición etimológica donde familia, proviene del latín “familia” que a su vez deriva de“famulus” palabra que viene del osco “famel” que significa siervo; y más remotamente del sánscrito “vama”, que equivale a casa o habitación, es el  conjunto de personas y esclavos que vivían con el señor de la casa. Por lo tanto, la primera definición de familia no la hace la norma superior sino, como queda dicho, el Código Civil en la norma del artículo sobredicho.”

A partir de la Constitución de 1991, se mantiene el concepto de la familia como nucleo fundamental de la sociedad, artículo 42 de la C P.

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

Esta concepción natural y conservadora, hoy es la base del debate planteado por una comunidad que reclama un derecho consagrado en la misma carta del 91, como el es derecho a la igualdad ante la ley.

Nuestra sociedad mas allá de lo conservadora, es además hipócrita y doble moral, cientos de sacerdotes acusados  por abusos sexuales contra menores, homosexualismo “ensotanado” , pero seguimos creyendo en esa iglesia católica que se opone a la libertad individual de quien tiene una inclinación o preferencia sexual por el mismo genero, considerándolo  antinatural, enfermizo o perverso.

Lo cierto es que el aceptar las diferencias del otro nos hace una mejor sociedad. Considero que el debate debe centrase en el pleno reconocimiento de los derechos de estas parejas,  en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales, mas allá de la forma en que se unan, entendiendo que el matrimonio tiene una connotación ceremonial. 

La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo como tal, implicará cambios importantes mas allá de lo normativo; como algunos comentaristas lo han planteado lo social es dinámico y siendo la familia el núcleo de la sociedad esta no resulta estática y así se ha señalado en diverso estudios y por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar al plantear en la Sentencia T-523 de 1992:

“En consecuencia, tal protección (a la familia) no se agotaría  en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia”. Basado en ello se puede afirmar que la Corte, contempla la posibilidad de que se debe, de una parte hacer un reconocimiento de la familia como uno de los entes más importantes de la sociedad sino el principal. 

Continúa la sentencia precisando que el modelo tradicional de familia, no corresponde al único que la constitución consagra y protege:

“…Como bien corresponde a un Estado  que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7 C. N.) No existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos pueden ser tanto de carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce consecuencias a la voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones, la familia legítima originada en el matrimonio es hoy uno de los tipos posibles.”

Insisto, lo de menos es la forma, el fondo del asunto radica en el pleno reconocimiento legal y constitucional de los derechos de las parejas que se unen con el interés de conformar una familia, mas allá de la concepción religiosa o política de la sociedad.

Como lo señalara Rodrigo Uprimmy  ”(…) si uno asume que no debe haber discriminación por orientación sexual —como debe ser en una sociedad pluralista—, si se les da la oportunidad de casarse a las parejas heterosexuales sería discriminatorio no dársela a las parejas del mismo sexo.”

DIEGO ALBERTO SEPÚLVEDA ARGÁEZ

Abogado Especialista en Derecho Público

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[1] 

LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Estimación Legal y Jurisprudencial

 Alcides Morales Acacio

http://www.unicartagena.edu.co/derechoycienciaspoliticas/revistajuridica/ejemplar3//nro_3-04_la_familia.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=h6F4oG91NcE

Las peleas entre Ramiro B. y la Contralora Morrelli

Mi Canal en You tube

POPULISMO O NO, EL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATIS DEL GOBIERNO, NO TIENE BASES SOLIDAS.

“El 'populismo (del latín populus "pueblo") es un término político usado para designar corrientes heterogéneas pero caracterizadas por su aversión discursiva o real a las élites económicas e intelectuales, su rechazo de los partidos tradicionales (institucionales e ideológicas), su denuncia de la corrupción política por parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al "pueblo" como fuente del poder. Los personajes populistas se caracterizan porque afirman enfocarse en el pueblo y velar por este.[1]”

El presidente Juan Manuel Santos, máxima autoridad administrativa y jefe de gobierno de este llamativo y “policromático” país, luego de conocerse una  encuesta en la cual su popularidad se ve disminuida o mejor poco favorecida, anuncia en rueda de prensa la construcción de cien mil viviendas (100.000) gratis para los más pobres de los pobres, ¿pero sólo cien mil? Cuando en Colombia lo que sobran son pobres entre los pobres y lo que falta son oportunidades.

¿Cuánto valen esas cien mil viviendas gratis?, pues una cosa es entregarlas gratuitamente y otra muy diferente construirlas, según las cifras su valor asciende a $3,7 billones, los cuales se ejecutaran cada año en módicas sumas de de $600 mil millones durante seis años. Sin que exista un marco institucional que garantice la entrega efectiva a los más pobre entre los pobres de estas viviendas, pues serán adjudicadas por los alcaldes.

¿Estaba este gasto presupuestado para el 2012?, ¿se trata de un gasto que se presupuestará para los dos últimos años de gobierno?

Surge otro interrogante y ¿Dónde quedan las  560.000 viviendas de interés social para los cuatro años, es decir, 140 mil por año, plasmadas en el Plan de Desarrollo, de las cuales en lo corrido del gobierno, ya casi dos años, no se ha cumplido si quiera el 30%?

No se critica su construcción, pues se hacen necesarios programas no asistencialistas, ni de choque o populistas, se cuestiona el momento y la forma, así como la sostenibilidad de un programa como este, cuando ni siquiera su plan bandera de restitución de tierras ha despegado en forma. Así mismo la forma en que serán entregadas, ya que no existe como se mencionara antes un marco institucional técnico que fije las reglas para la adjudicación, garantizando que quienes las reciban de verdad cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios de las viviendas, pues que serán los alcaldes dentro de unas reglas muy generales quienes definirán los beneficiarios de este programa.

Aunque existan críticas frente al modelo de subsidios para vivienda de interés social, este resulta ser menos asistencialista y con sustanciales mejoras podría garantizar el acceso a una vivienda digna a miles de colombianos destechados.

“El asistencialismo es la deformación de la asistencia , obligación que contraen los gobiernos con sus ciudadanos a través de una constitución por la cual se señala el carácter de dignidad de todo ser humano sin distinticiones de ningún tipo[2].”

Como bien lo señala el Licenciado en Trabajado Social Sebastián Giménez

El asistencialismo crea una clara situación de dependencia del individuo o grupos que lo reciben, que no promueve la dignidad, el desarrollo de proyectos, etc. La persona, dicho en términos simples, se “aburguesaría” en una comodidad alienante. La imagen clásica que se trae a colación es que hay que enseñar al asistido a manejar “la caña” (o sea, a desarrollar sus propias potencialidades), y no brindarle el pescado ya preparado.

Se le debe dar cumplimiento igualmente al Plan de Desarrollo, pues son cientos de familias que han iniciado su ahorro programado para acceder a una oportunidad de tener su vivienda.

Ojala y se les cumpla a cien mil familias y que sean las más  pobres de las pobres.

Diego Alberto Sepúlveda Argáez.

29/04/2012

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[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Populismo

[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencialismo

LOS FALLOS EN DERECHO

En los últimos días se han presentado lagunas decisiones judiciales que para algunos contravienen garantías sociales y democratices, pero exponen argumentos emocionales, apasionados y con muy poco raciocinio jurídico. En ocasiones anteponen los valores, las capacidades, la probidad o hasta la intachable moral de quienes son afectados por la decisión jurídica; cuando los fallos señalan puntos diferentes a los individuos.

Para bien o para mal nos debemos a un ordenamiento jurídico establecido y una rama judicial conformada por simples seres humanos y a unos entes de control que igualmente son dirigidos por, mortales hombres o mujeres que pueden acertar en la aplicación o no de ese marco normativo.

Las altas cortes no son ajenas a la influencia o presiones de algunos sectores económicos, políticos o sociales con intereses particulares, es por ello que algunos Magistrados de la C S J, salen a los medios a a justificar su equivocación al elegir a un Fiscal General de la Nación, argumentando que violaron las normas preexistentes solo por esa vez, que además vulneraron su propio reglamento de buena fe. Se podría preguntar entonces, si cualquier honorable ciudadano podrá alegar ante estos jueces que, aunque consciente de estar violando una norma lo hizo de buena fe.

Creo que la mayoría de Colombianos reconocen el trabajo que venia realizando la señora Fiscal, pero no puede ese buen desempeño contra la criminalidad de toda “marca “ estar por encima de lo que dictan las normas y los reglamentos, pues entonces ya no seria el imperio de la ley, si no que se impondría la voluntad de los hombres, que no siempre esta cargada de buenas intenciones .

Dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley , mas allá de cualquier situación personal de la Fiscal, es de resaltar su trabajo en aras de conocer algunas verdades de la “clase burócrata y gansteril” que ha estado y aun se encuentra incrustada camufladamente en las altas esferas de los poderes que han gobernado y gobiernan a este país.

No puede entonces entenderse el fallo del Consejo de Estado, como una sentencia en contra de la Fiscal, es una decisión contra un inadecuado, acomodado e ilegal acto administrativo cargado políticamente de la Corte Suprema de Justicia.

Otra decisión que ha despertado diferentes reacciones y estas si muy cargadas de pasiones en contra o a favor, ha sido de carácter administrativo, relativa a la presunta falta disciplinaria realizada por el ex Alcalde de Medellín, nuevamente es relevante señalar que nada se dice en la decisión de la Procuradora Delegada, en contra de la probidad del ex Alcalde, es innegable que la gran mayoría de ciudadanos reconocen la buena intención de denunciar las muy posibles presiones que se presentarían o se presentaron durante la campaña electoral del 2011, pero cuando expresamente la Constitución y la Ley prohíben o restringen una conducta, resulta claro que esa buena intención políticamente correcta no puede estar por encima de aquellas.

Nuestro ordenamiento jurídico adolece de muchos vacíos y de excesiva normatividad, que no en pocas ocasiones genera impunidad, es por ello que una verdadera reforma a la justicia deberá ajustar el derecho a las realidades sociales que hoy afrontamos.

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

Llama la atención el afán de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación entre otros entes de control de juzgar y enviar a la cárcel o exponer al escarnio público a cuanto exfuncionario  del gobierno Uribe, ahora le toca el turno al psiquiatra Luis Carlos Restrepo, ¿pero si aun expresidente  le paso un “elefante” a sus espaldas, porque al excomisionado de paz no se le podían  “colar” 20 o 30 traquetos por paras?  no soy Uribista, aunque vote en dos ocasiones por el, igual que he votado por otros que han resultado ser mas falsos que un dolar ruso, pero que hablan y son capaces de convencer al mas incrédulo, buenos encantadores de serpientes.

Pero el tema que nos ocupa es la forma en que actúa la seudo justicia con la que hoy contamos, muy ágiles cuando se trata de algunos personajes furibundistas, pero lentos cuando los investigados o cuestionados son algunos siniestros personajes tan o peores delincuentes que los primeros, cual es el criterio para que unas investigaciones avancen tan agilmente y otras precluyan por vencimiento de términos o que ni siquiera se inicien.

De acuerdo con la Constitución todos somos iguales ante la ley, pero la verdad es que somos diferentes ante el juzgador, el papel puede con todo, el hombre no soporta la carencia de efectivo.

Nuestros jueces no son mas que hombres probos algunos, pero la mayoría son movidos por intereses particulares que superan no en pocas ocasiones sus propios principios y los valores aprendidos, muchos esperan poder optar por una curul en el senado  o al menos mantener su estatus quo, disfrutan hacer parte del poder y se acomodan por burocracia y hasta se pavonean cual diva farandulera por los diferentes medios de comunicación.

Los intereses políticos vienen superando el interés superior de la justicia, justicia que se viene entregando a los coqueteos impuros  del poder político  como una dama decente que se deja manosear  por cualquiera.

La indecencia de la política mancilla el sentido de la la justicia, el respeto a la ritualidad procesal, al debido proceso, el derecho a un proceso justo y con garantías es lo que todo ciudadano quisiera se le asegurara minimamente, pero dada la politización de la justicia que hoy se vive en Colombia, aquellos que deberían ser juzgados por sus posibles delitos o absueltos por demostrar su inocencia, terminan exiliados y lo peor, la sociedad se queda sin conocer las verdades sobre tantos hechos que quedaran en la impunidad por los intereses políticos que hoy mueven a la Fiscal de turno y a muchos togados disfrazados de ejemplares jurisconsultos.       

SE EQUIVOCAN LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

Llama la atención que los "honorables Togados" del Tribunal Superior de Bogotá, desconozcan que  Colombia aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley No. 742 del 2002 y depositó el instrumento de ratificación el 5 de agosto de ese mismo año. En el texto de ratificación el gobierno colombiano presentó la única reserva que se ha formulado al Estatuto de Roma, según la cual la Corte no tendrá competencia para conocer de crímenes de guerra por un lapso de siete años,  para sancionar el genocidio, ciertos crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior quiere decir que sólo desde el 2009 tiene competencia  CPI para conocer de aquellos crímenes de guerra ocurridos en Colombia y que no hayan sido investigados y juzgados conforme las leyes preexistentes en el país.

Cabe entonces preguntarse  ¿Puede la CPI asumir el estudio de delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en Colombia?  

"La Corte podrá conocer de crímenes cometidos después  del primero de julio de 2002. En caso de que un Estado haya ratificado su adhesión al Estatuto con posterioridad a dicha fecha, la Corte tendrá competencia para conocer situaciones que se presenten a partir del momento de depositar el instrumento de adhesión ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Para el caso
de Colombia, la Corte  podrá conocer de crímenes  de Genocidio y de Lesa Humanidad  cometidos después de noviembre primero del año 2002 y en el caso de Crímenes de Guerra, a partir de noviembre 1 de 2009."

Subraya fuera de texto

Artículo 11Competencia temporal

1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.

2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.

Significa esto, que se equivocan los señores Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, pues los hechos por los que pretenden llevar al Ex presidente Belisario Betancur, ante la CPI, tuvieron ocurrencia en 1985, 17 años antes de la ratificación del Estatuto de Roma por parte del Gobierno Colombiano. 


Resulta pertinente señalar que admitir la competencia de la CPI en este caso es entregar parte de la soberanía del país  al demostrarse la incompetencia y desconocimiento de los fines  de una justicia complementaria.

Artículo 1
La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

Con respecto a la Soberanía y en relación a la CPI, la Corte Constitucional en Sentencia C-578 de 2002, señaló.  

"La soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones a los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos, y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua. En ocasiones ello puede requerir la aceptación de la competencia de organismos internacionales sobre algunos asuntos de competencia nacional, o la cesión de algunas competencias nacionales a instancias supranacionales. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, tal posibilidad es compatible con nuestro ordenamiento constitucional, siempre que tal limitación a la soberanía no suponga una cesión total de las competencias nacionales*."


Y como se desprende de los artículos 13 y 14 del Estatuto, no sera un tribunal superior, quien entregue esa competencia o solicite la intervención a la Corte Penal Internacional, sera el Estado miembro.
Artículo 13Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 14Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante. 


No soy defensor del señor ex presidente, pero no pueden los jueces, solo por el afán de figurar   tomar decisiones que desdicen  de la Rama Judicial, el señor Betancur Cuartas, como ha sido de conocimiento público ha sido juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin que se haya declarado responsabilidad alguna sobre el, ha respondido a la justicia y ésta ha investigado de acuerdo a su competencia.


La Corte Penal Internacional es una corte  permanente, independiente, complementaria, de último recurso. Es decir, actúa cuando los sistemas nacionales de justicia de los Estados Parte de la misma no adelantan las investigaciones de crímenes atroces de su competencia o no están en capacidad o disposición genuina de investigar y castigar a los responsables  de dichos delitos. Así las cosas, los  sistemas nacionales de justicia , incluido el de Colombia, tienen no sólo la obligación sino la primacía en  la investigación y castigo de quienes cometen crímenes  atroces .

*http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/octubre/30/corte_penal.pdf

Apartes de mi trabajo de grado sobre los Medios Masivos de Información y el Derecho a la Intimidad , sustentado en el 2006

1.2.        INTIMIDAD.

Al inicio de este trabajo se hizo referencia al Juez Norteamericano Thomas Cooley, como el primero en insertar en el ordenamiento jurídico la expresión “privacy”  “Rihgt to be alone” , pero hacia 1767, año en que nace Benjamín Constant, y quien fuera uno de los primeros en la lucha por garantizar la libertad individual y limitar el poder político, su posición frente a la ingerencia del Estado se resume en esta frase, que hoy tiene tanta vigencia o más como la que tuvo en su época: – “Hay una parte de la existencia humana, que necesariamente tiene que mantenerse individual e independiente y que queda, por derecho, fuera de toda competencia social.”

Para adentrarnos en un acercamiento a la definición de Intimidad, ha de hacerse una diferenciación terminológica, pues no en pocas ocasiones, las expresiones privacidad, intimidad y confidencialidad, se utilizan como si fueran sinónimos. Es de anotar que dichos conceptos no han podido ser definidos de manera consistente e inequívoca en muchos de los sistemas jurídicos de los países de América Latina, aunque la privacidad está directamente relacionada con la intimidad, ya que todo lo íntimo es privado, pero no todo lo privado es intimo.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define la intimidad como “Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.”

El Diccionario Aristos la define como: “Parte personalísima comúnmente reservada, de los asuntos o afecciones de una persona o familiar”

La segunda de las definiciones gramaticales, es la que más se acerca a lo que la doctrina jurídica ha llamado intimidad, lo intimo es esa parte de la vida privada que cada ser humano, ya sea por razones sociales, de educación, o de su propia naturaleza, quiere guardar para sí de una forma muy especial y que sólo dará a conocer por su propia decisión y a un grupo muy reducido de congéneres en los que tiene confianza y que comparte un vinculo (amigos, familia). Por eso se hace en un ambiente de confidencialidad, puede afirmarse que en la intimidad se halla la vida interior de cada hombre, es en el interior de cada ser humano donde se hallan nuestros pensamientos, ideologías, deseos y creencias y allí mismo se incorporan aspectos externos de la vida como las relaciones intimas, actos fisiológicos, datos personales entre los que se cuentan los relacionados con la procedencia (datos genéticos, los relacionados con la raza), tendencias sexuales, los que hacen referencia al estado de salud o aquellos que puedan ocasionar daño o discriminación; en otras palabras, es el fundamento de poder excluir o negar a los demás el conocimiento de determinados aspectos de la vida que sólo incumben a una persona en particular, es un aspecto complejo individual y relacionado directamente con la libertad del hombre y con el desarrollo de la personalidad, constituyendo un valor fundamental del ser humano.

La intimidad es la soledad, es el espacio propio del pensamiento y de los sentimientos, es esa facultad de elección individual de escoger con quien se comparten y a quien se excluye.

Para el tratadista Italiano Romeo Casabona, la intimidad “Son aquellas manifestaciones de la personalidad individuales o familiares, cuyo conocimiento o desarrollo, quedan reservados a su titular o sobre  los que ejerce alguna forma de control cuando se ven implicados terceros, entendiendo por tales, tanto a los particulares, como a los poderes públicos.”

1.3.        PRIVACIDAD

Se ha mencionado en apartes de este trabajo, que la privacidad está directamente relacionada con la intimidad, pues todo lo íntimo esta dentro de la privacidad, pero no todo lo privado es íntimo, el espectro de la privacidad es más amplio, pues abarca multitud de aspectos, muchos de ellos cotidianos como el número telefónico, lugares que se frecuentan, amistades, lugar de residencia, que se compra, actividades diferentes a las laborales, entre otras muchas.

Todo lo anterior configura esa red de lo privado, la palabra privacidad se introduce en nuestro medio al desprenderse del inglés Privacy.

El Diccionario de Circulo de Lectores define la privacidad como “Acciones que se realizan a la vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad o formalismo alguno – Particular y personal de cada uno”.

En el desarrollo de este trabajo se tratará de demarcar las diferencias o aquellos elementos que caracterizan cada una de estas esferas de la vida, el tema de las esferas será otro ítem a desarrollar en forma amplia en esta monografía.

Es de anotar, que aunque no hay una postura unánime en cuanto a la relación existente entre la intimidad y la privacidad, si existe un consenso entre algunos doctrinantes, que consideran la privacidad como el género, y la intimidad como la parte más especial y reservada de la vida.

La doctrina Alemana, es de las más depuradas y ricas en el tema de la intimidad y de la privacidad; son ellos quienes han desarrollado el concepto de las esferas de vida privada y esfera de la intimidad.

Por ahora, bástenos decir, que resulta difícil hacer claridad y diferenciar en forma acertada estos dos conceptos que se confunden, pero, que tienen sus características y especificidades a la hora de hacerlos valer como derechos inherentes a la persona en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a la vida privada o ámbito de la privacidad es la autonomía, la libertad de que nadie que no sea uno mismo decida o imponga por la fuerza lo que por libre decisión se quiera hacer.*

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** Chaytor y Elizabeth Eisenstein – Teóricos de primera generación del medio de comunicación – documento de internet.

 * Ver Historia del pensamiento político moderno – Los principales Pensadores políticos de Hobbes a        Marx – pagina 232 y sgtes.

 * Declaración de derechos de Virginia

 * Ver trabajo realizado por Warren y Louis D. Brandeis – Harvard law reviw – Biblioteca virtual en español.

 * Constitución de los Estados Unidos de América.

 * DERECHO A LA INTIMIDAD - Segunda Edición – Dres. Edgar Escobar López y Fabiola Marulanda Otálvaro